Despoblación a golpe de ley

22/04/2014 - Francisco García

PRIMERO LA Ley de la Administración Local, que prácticamente deja sin competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y ahora la Ley Orgánica del Poder Judicial, que centralizará en las capitales de provincia la administración de justicia, dos normas -una ya aprobada y la otra en tramitación- que suponen un atentado legal contra la supervivencia del medio rural, por lo menos de Galicia y especialmente de Lugo. Son dos leyes que reflejan la cada vez más evidente tendencia centralizadora del Gobierno, justificada en la racionalización de la gestión y el ahorro de fondos públicos, pero que en la práctica supone fomentar la despoblación del medio rural, porque luchar contra el declive demográfico es incompatible con la reducción de servicios y eso es lo único que se está haciendo a golpe de normativa.

La Ley de la Administración Local, cuya aplicación está todavía en el aire porque resulta difícilmente viable en territorios como Lugo, deja sin competencias a los ayuntamientos pequeños en materias tan sensibles para los vecinos como los servicios sociales, que tendrían que asumir directamente las comunidades autónomas, mientras que las diputaciones se encargarían de gestionar muchas otras prestaciones. Esta normativa es un torpedo a la línea de flotación de la parte más débil de la administración y, al mismo tiempo, la más cercana a los ciudadanos, que, además de recibir peores servicios, tendrán que trasladarse a la capital provincial para realizar gestiones. Primera medida del año para fomentar la despoblación, dificultando la vida de los vecinos.

Por lo que se refiere a la Ley del Poder Judicial, de aprobarse en los términos del anteproyecto que el Consejo de Ministros presentará al Parlamento, supondrá la desaparición de todo lo que se mueve en torno a los juzgados de Monforte, Chantada, Sarria, Vilalba, Mondoñedo, Viveiro, A Fonsagrada y Becerreá, en los que ingresan anualmente unos 20.000 asuntos. Los abogados, los jueces, los fiscales y los funcionarios tendrán que trasladar, en muchos casos, sus despachos y viviendas a la capital y, aunque puede ser un número relativamente reducido de personas, son muchas si se tiene en cuenta la bajada demográfica. Además, está la repercusión económica en las villas y, de nuevo, más molestias para los vecinos del medio rural.

El anteproyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha provocado protestas de los alcaldes de los municipios afectados, que, por lo menos en el caso de los socialistas, están dispuestos a movilizar a sus respectivos pueblos. Como ocurre con la Ley de la Administración Local, en este caso los colores políticos solo marcan pequeñas diferencias entre los regidores, porque incluso los del PP están que trinan y lo dicen abiertamente. La Xunta también ha mostrado su malestar, pero a la hora de quejarse y pedir soluciones, al Gobierno de Feijóo no le preocupan los partidos judiciales de las villas, sino la desaparición de los de Santiago, Vigo y Ferrol.

A estas dos medidas legislativas nacionales que fomentan la despoblación, hay que añadir otras de carácter autonómico que actúan en el mismo sentido, como la supresión de las subvenciones de la Xunta para cuestiones tan importantes como el servicio de ayuda a domicilio en los municipios de menos de 20.000 habitantes y otros recortes sociales, la reducción de centros educativos y profesorado y la prácticamente nula inversión en infraestructuras, entre muchas otras actuaciones de un largo listado de afrentas al medio rural, entre las que no pueden olvidarse la centralización de la gestión de los hospitales comarcales en Lugo o la reducción de gestiones que se pueden realizar en delegaciones de la administración central, como Hacienda o Correos, en varias localidades lucenses.

Todas son medidas adoptadas por la administración que, o bien hacen más difícil la vida de los vecinos del medio rural -animando a los más jóvenes a marcharse a las ciudades, mientras los mayores que se quedan se resignan con las migajas de la sociedad de bienestar-, o bien son un ataque directo contra las administraciones locales de los municipios pequeños, en torno a las que se estructura la sociedad civil.

De nada sirve que los políticos se llenen la boca anunciando planes para potenciar el asentamiento, e incluso el incremento, de población en el medio rural, cuando después ellos mismos, desde los cargos que representan, están tomando medidas que suponen precisamente todo lo contrario. A este ritmo, como le escuché recientemente a un alcalde de A Montaña con cierta ironía y desencanto: «Acabaremos todos vivindo nas cidades e o campo, para o finde, como se di agora».