lunes, 6 de mayo de 2013

Una Reserva de la Biosfera compartida entre Asturias y Galicia podría estar afectada por proyectos de minería del oro y 'fracking' fomentados por la Xunta


Expectacular imagen de la zona de reserva con la sierra de los Ancares al fondo (Foto: alertaminera.net)


La hipotética reapertura de la mina de oro de Vilaframil, localizada en el municipio de A Fonsagrada (Lugo) y la declarada disposición de la Xunta a la búsqueda de gas natural no convencional en zonas de pizarra podrían afectar negativamente a la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón, declarada como zona relevante por el comité Man and Biosphere (MaB) de la UNESCO a finales del año 2007.

Los sobresaltos de carácter minero no cesan en las tierras del noroeste de la Península Ibérica desde que Alberto Núñez Feijóo revalidara su mayoría absoluta el pasado 21 de octubre. Si en fechas recientes la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina de oro de Corcoesto en Cabana de Bergantiños (A Coruña) levantaba ampollas entre colectivos sociales, la oposición parlamentaria gallega en su totalidad, y entidades conservacionistas como la Sociedade Galega de Historia Natural, que trabaja con criterios científicos y ha alertado reiteradamente acerca de la peligrosidad del proyecto, ahora los problemas parecen trasladarse a uno de los rincones más bellos de toda Galicia.

Aunque son recordadas por parte de la población de A Fonsagrada las prospecciones auríferas que desde 1985 han sido efectuadas por la compañía Exploraciones Mineras del Cantábrico S.L. (hoy presentada como Astur Gold), en fechas recientes algunos vecinos atestiguan la presencia de un equipo canadiense en la zona. No en vano, A Fonsagrada tiene en común con la parroquia cabanesa de Corcoesto una antigua explotación aurífera en la parroquia de Santa María do Trobo, en el lugar de Vilaframil.

Por su relativa cercanía a Fonsagrada (a unos setenta kilómetros), son bien conocidos, además, los problemas que la localidad asturiana de Tapia de Casariego tiene con la empresa Astur Gold, donde la mayoría vecinal lucha sin descanso desde hace años contra la instalación de una mina de oro en la zona de los lagos de Salave. Más allá de las promesas de la llamada Gran Minería (empleo y bienestar para todos), que son sistemáticamente incumplidas por las multinacionales del sector, no han tardado en alzarse en la localidad las primeras voces contra el pretendido asentamiento de una industria que consideran podría hipotecar el futuro de la comarca, basado actualmente la ganadería y el turismo de calidad, favorecido por los espectaculares paisajes de la zona y bajo el estandarte mundial de Reserva de la Biosfera.

En la misma línea, en el sector pizarrero de la provincia luguesa se atisba el desembarco de proyectos de fractura hidráulica. No en vano, a mediados del pasado año, el Director Xeral de Industria, Enerxía y Minas, Ángel Bernardo Tahoces, señaló que la Xunta "tiene una apuesta decicida por la búsqueda de yacimientos de gas natural no convencional" en zonas de pizarra.

Esta técnica, altamente traumática para el medio y los habitantes de las regiones donde se instala, implica la realización de gran número de perforaciones y la inyección de hasta 19 millones de litros de agua en cada pozo realizado, en los que se mezclan una serie de aditivos químicos de elevada toxicidad, siendo algunos reconocidos cancerígenos o mutagénicos que pueden llegar a contaminar las aguas subterráneas y el abastecimiento de agua potable. Asimismo, esta técnica puede aumentar el riesgo de terremotos, mediante un fenómeno conocido como "sismicidad inducida", algo que sería especialmente preocupante en el caso de la provincia de Lugo, donde ya son habituales los seismos de baja intensidad.

Al respecto, la propia Unión Europea, ha elaborado un informe que asume "repercusiones inevitables para el medio ambiente" y "un alto riesgo" en la técnica del 'fracking'. El propio diputado de Compromís-EQUO, Joan Baldoví, advirtió en noviembre en una proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados que "debe primar el principio de precaución frente al interés económico de las grandes empresas".

PUBLICADO EN:
ALERTAMINERA.net

Revista de actualidad sobre MINERÍA CONTAMINANTE y CONFLICTOS MINEROS




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